La migración ha transformado profundamente los mercados laborales, ofreciendo tanto retos como oportunidades que requieren respuestas innovadoras y solidarias.
España ha experimentado en los últimos años un crecimiento poblacional impulsado por inmigración, alcanzando en enero de 2024 más de 6,2 millones de residentes extranjeros. Esto equivale al 13% del total de cotizantes a la Seguridad Social, cifra que supera el 18% si incluimos quienes ostentan doble nacionalidad.
Desde 2019, la población nacida en el extranjero creció un 25%, mientras la autóctona cayó un 1,2%. Este cambio demográfico ha enriquecido la diversidad cultural y ha contribuido a compensar el envejecimiento poblacional en un país con bajas tasas de natalidad.
El perfil del inmigrante en España se sitúa en una media de 35 años, con una fuerte presencia en sectores como la agricultura (80% de mano de obra extranjera) y la hostelería, comercio y construcción (45-60%).
La evidencia internacional muestra que un aumento de un punto porcentual en la proporción de inmigrantes se traduce en un crecimiento del PIB cercano al 1% en el mediano plazo. Este impacto se debe al refuerzo de la fuerza laboral activa y a la ampliación de la base productiva.
En economías avanzadas, la llegada de trabajadores extranjeros ha logrado elevar la productividad laboral y sostener los sistemas de pensiones al cubrir vacantes que, de otro modo, quedarían desiertas debido al envejecimiento de la población local.
A escala global, existen alrededor de 184 millones de migrantes, lo que representa el 2,3% de la población mundial. Su participación en la actividad económica de países de destino y de origen genera flujos de remesas, transferencia de conocimientos y redes comerciales internacionales.
A pesar de los beneficios, la inmigración también enfrenta obstáculos que afectan la calidad de vida de los trabajadores foráneos y de las sociedades receptoras:
La segmentación laboral crea un modelo dual: un segmento primario estable y bien remunerado, ocupado mayoritariamente por autóctonos, y otro secundario, precario y con baja protección social, donde se concentran los inmigrantes.
Para maximizar los beneficios de la migración y mitigar sus riesgos, es imprescindible diseñar políticas públicas que promuevan la inclusión y el desarrollo integral de todos los trabajadores.
La coordinación a nivel europeo y global es clave para gestionar flujos migratorios ordenados y segregar la inmigración irregular de la regular. Medidas como controles eficaces en las fronteras combinados con canales legales de acceso laboral permiten reducir tensiones sociales y vulnerabilidad humanitaria.
Se prevé que, ante el declive de la población en edad laboral en muchos países, la competencia por talento calificado mundial se intensifique. Latinoamérica, África y Ucrania se perfilan como regiones de origen de flujos crecientes, mientras que los países de ingreso alto necesitarán estrategias para atraer y retener perfiles especializados.
En España y en Europa, la reposición de jubilaciones exigirá alrededor de 300.000 nuevos trabajadores anuales en la próxima década. Sin una migración regulada, muchos sectores estratégicos podrían sufrir cuellos de botella severos.
Asimismo, el cambio climático y los conflictos geopolíticos generarán nuevos movimientos poblacionales que exigirá a las sociedades receptoras flexibilidad, solidaridad y una visión de largo plazo para integrar talento y mitigar crisis humanitarias.
La migración representa una palanca esencial para el desarrollo económico y social de los países, siempre que se gestione con políticas inclusivas y coordinadas. Reconocer la dignidad y el potencial de cada persona es la base para construir mercados laborales más fuertes, resilientes y justos. Solo así podremos afrontar juntos los desafíos demográficos y económicos del siglo XXI.
Referencias
