La estabilidad de precios es el pilar sobre el que descansa la credibilidad de cualquier banco central. A través de un enfoque riguroso y coherente, las autoridades monetarias buscan generar un entorno predecible que favorezca el bienestar general.
La expresión “estabilidad de precios” no implica inflación cero, sino variaciones muy pequeñas y predecibles en el nivel general de precios. Este objetivo evita tanto la inflación alta y persistente como los efectos perniciosos de la deflación prolongada.
Se considera un mandato prioritario de muchos bancos centrales, junto con otros fines como el máximo empleo o la estabilidad financiera. Para medirlo se usan indicadores como el IPC, el IAPC en la zona euro o el PCE en EE. UU.
Una inflación elevada y volátil distorsiona las decisiones de consumo e inversión, genera incertidumbre y provoca redistribuciones arbitrarias de renta y riqueza. Por el contrario, una inflación controlada facilita el análisis de proyectos de largo plazo.
El estudio de episodios de alta inflación en el siglo XX, como las hiperinflaciones de entreguerras o la crisis de los años setenta, reveló que la mejor contribución de la política monetaria al bienestar es mantener precios estables, dejando el crecimiento y empleo a factores reales.
Además, la estabilidad de precios reduce las primas de riesgo de inflación incorporadas en los tipos nominales largos, favoreciendo financiamiento más barato y estable para empresas, familias y Estados.
Los marcos legales de los principales bancos centrales reflejan la prioridad de la estabilidad de precios en múltiples jurisdicciones.
Estos ejemplos muestran la uniformidad sobre metas bajas y positivas, con mayor o menor flexibilidad según la estructura económica de cada país.
La estabilidad se operacionaliza como una meta de inflación baja y positiva, típicamente alrededor del 2 % a medio plazo. No se trata de fijar la tasa mes a mes, sino de orientar la tendencia a un rango deseable.
Este nivel del 2 % actúa como margen de seguridad frente a la deflación y permite ajustes relativos de precios entre sectores sin necesidad de inflación cero. Los bancos centrales analizan la inflación subyacente y miden distintas expectativas en encuestas y mercados indexados.
Las autoridades disponen de un amplio arsenal de herramientas, convencionales y no convencionales, para alcanzar sus metas.
Un entorno de precios estables reduce la incertidumbre y la volatilidad en los tipos de interés, facilitando decisiones de inversión a largo plazo y mejorando la asignación de recursos, lo que impulsa el potencial de crecimiento.
En materia de empleo, la previsibilidad de los precios favorece la creación de trabajo sostenible, aunque el nivel de desempleo depende de factores estructurales y de políticas fiscales y laborales.
La estabilidad financiera y la de precios son “dos caras de la misma moneda”. Mientras la política macroprudencial defiende el sistema contra riesgos sistémicos, la monetaria se centra en los precios, pero ambas refuerzan mutuamente su eficacia.
Los episodios de alta inflación o hiperinflación han mostrado sus devastadoras consecuencias: pérdida del poder adquisitivo, colapso del ahorro en moneda local y aumento de la desigualdad. Experiencias en América Latina o Europa del Este en el siglo XX ejemplifican estos riesgos.
Por otro lado, una deflación sostenida desincentiva el gasto, aumenta la carga real de la deuda y puede desencadenar espirales de caída de precios y producción, agravando recesiones y dificultando la recuperación.
En definitiva, mantener precios estables es la contribución más directa de la política monetaria al bienestar de la sociedad, al crear un entorno predecible, apoyar el empleo y fortalecer el crecimiento sostenible.
Referencias
