La transformación de la fiscalidad internacional impulsa un cambio profundo en cómo se gravan las empresas que operan más allá de fronteras tradicionales. Este artículo examina la evolución histórica, las reformas vigentes y los escenarios futuros.
El sistema fiscal internacional se diseñó hace más de un siglo, basado en presencia física, establecimiento permanente y reparto de potestad tributaria. En ese momento, la mayoría de las actividades económicas dependía de activos tangibles y transacciones locales.
Sin embargo, desde finales del siglo XX la liberalización de capitales, la digitalización y la emergencia de cadenas globales de valor han permitido a las empresas trasladar beneficios a jurisdicciones de baja tributación. El resultado ha sido una intensa erosión de bases imponibles y percepción de inequidad en la carga fiscal.
La carrera a la baja en tipos del Impuesto de Sociedades comenzó en los años 80 y 90, con muchos países reduciendo sus tasas para atraer inversión, mientras crecía el uso de paraísos fiscales y regímenes preferenciales como patent boxes y rulings agresivos.
En respuesta a la competencia fiscal nociva, la OCDE y el G20 lanzaron entre 2013 y 2015 el Proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), con acciones clave para combatir la erosión de bases y el traslado de beneficios.
Aunque BEPS 1.0 mejoró la cooperación y la información, no resolvió los desafíos de la economía digital. Por ello emergió BEPS 2.0, con los Pilares 1 y 2 para abordar la redistribución de beneficios y garantizar una tributación mínima global.
El Pilar 1 tiene como objetivo reasignar parte de los beneficios residuales de grandes multinacionales a los mercados donde operan sus usuarios o clientes, incluso sin presencia física tradicional. Busca sustituir impuestos digitales unilaterales por un marco multilateral.
Este sistema se apoya en el Multilateral Convention (MLC), que define criterios cualitativos para las empresas afectadas: aquellas de muy alto volumen de negocio global y elevada rentabilidad, especialmente corporaciones digitales y de consumo.
El mecanismo de reparto incluye la Cantidad A, destinada a capturar beneficios excedentarios, y procedimientos de resolución de disputas para evitar la doble imposición. Además, incorpora obligaciones de información más estrictas, reforzando la transparencia.
El Pilar 2 introduce un impuesto mínimo global del 15 % para grupos multinacionales con ingresos consolidados superiores a 750 millones de euros. A través de top-up taxes y reglas GloBE, se asegura que dichas multinacionales paguen al menos ese porcentaje efectivo en cada jurisdicción.
El umbral de 750 millones de euros y la vigencia a partir de ejercicios iniciados el 1 de enero de 2024 marcan un punto de inflexión. Muchas jurisdicciones, incluida la UE mediante la Directiva 2022/2523, han adoptado este estándar para evitar la externalización de beneficios a territorios de baja tributación.
La Unión Europea se ha posicionado como early adopter del Pilar 2, transponiendo la directiva y desarrollando impuestos nacionales complementarios, como el Impuesto Complementario en España (Ley 7/2024).
Además, la UE trabaja en la armonización de la fiscalidad directa y en impuestos digitales propios, con el propósito de vincular la política fiscal con competitividad, transición ecológica y digital.
La Comisión Europea también persigue reducir un 25 % los costes de cumplimiento para las empresas, simplificando procedimientos y fomentando la coordinación de políticas para el crecimiento y la financiación sostenible.
La relación entre la UE y Estados Unidos resulta crucial para el éxito del nuevo orden fiscal. Decisiones de la administración estadounidense sobre los pilares OCDE y reformas internas pueden tensionar los acuerdos globales.
Existe el riesgo de una guerra tributaria o de un retorno a la competencia fiscal intensa, lo que podría reducir ingresos públicos y afectar la financiación del Estado del bienestar.
No obstante, la competencia tributaria puede tener efectos positivos, como la atracción de inversiones y la mejora de entornos empresariales. El verdadero reto consiste en equilibrar incentivos con la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Ante las críticas de países en desarrollo, la ONU impulsa la Convención Marco de Cooperación Fiscal Internacional (UNFCITC), buscando un modelo inclusivo y representativo de todo el planeta.
Las negociaciones previstas entre 2025 y 2027 se articularán en torno a tres ejes: asignación justa de derechos tributarios, reforma del principio de plena competencia y reemplazo de tratados bilaterales fragmentados por un marco multilateral coherente.
Esta iniciativa conecta con debates globales sobre cambio climático, igualdad de género, desarrollo sostenible y financiación de bienes públicos globales.
Las estimaciones actuales destacan:
Además, encuestas a directivos revelan que la fiscalidad es un elemento central en la estrategia empresarial, con una creciente demanda de transparencia y alineación con criterios ESG.
La fase de transición hasta 2026 presentará marcos nacionales coexistentes con soluciones provisionales. La consolidación del nuevo orden fiscal global dependerá de la cooperación multilateral y de la capacidad de los países para equilibrar competitividad con responsabilidad social.
En definitiva, la fiscalidad global se encamina hacia un sistema más justo, donde la redistribución de beneficios y la imposición mínima garantizan una competencia equilibrada y el fortalecimiento de las finanzas públicas a escala mundial.
Referencias
